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Temor por recortes en los programas sociales

 

En pleno inicio del trámite de aprobación del presupuesto del Estado instituciones y oenegés piden respetar fuentes de financiamiento, en particular para Educación y Salud.

Con un pedido de instituciones y oenegés a la Asamblea Nacional y al Gobierno de que garanticen los recursos suficientes para continuar programas sociales, empezó el tratamiento de aprobación de la pro forma presupuestaria para 2019.

Representantes del Colegio de Médicos de Pichincha, la Fundación Martha Pérez de atención a adultos mayores, la Fundación Inredh de Derechos Humanos y el Foro de la Niñez calificaron ayer como una prioridad para el país que se definan montos adecuados para Educación, Salud y protección especial a niños y poblaciones vulnerables.

El presidente del gremio médico, Víctor Álvarez, por ejemplo, sostuvo que es necesario que para el 2019 el país supere el incumplimiento del 4.5% del Producto Interno Bruto para la Salud Pública tal como lo establece la Constitución. A consecuencia de este incumplimiento, el país “ha tenido problemas por la falta de insumos, medicamentos, falta de renovación de equipos que cumplen su vida útil”, acotó el dirigente gremial.

A financiar servicios de protección
Luego de recordar que en este año se aplicaron recortes de personal y de presupuestos en todos los ministerios, incluidos los del área social, el representante del Foro de la Niñez, Manuel Martínez, en cambio, manifestó que deben exceptuarse de estas disminuciones los programas y servicios para prevenir, erradicar y reparar violencias contra niños y adolescentes, en particular embarazos adolescentes, trabajo infantil, abuso sexual y acoso escolar.

“Debe garantizarse el financiamiento de todos los servicios de protección especial a la niñez. Por ejemplo, en el trabajo infantil nuevamente está subiendo el número de trabajadores. Y cabe la pregunta cómo proteger si no hay políticas claras de inversión social”, comentó Martínez.

Criterios técnicos, no políticos
En oponión del integrante de la Fundación Inredh de Derechos Humanos, Nelson Atupaña, el trámite de aprobación a cargo de la Asamblea y su posterior veto por parte del Ejecutivo debe realizarse de una manera técnica y no política. “Cómo institución de Derechos humanos estaremos atentos y vigilantes de que se apliquen políticas públicas en lo económico y presupuestario para que no se afecte y no se perjudique el derecho humano a la Educación, a la Salud y a la Seguridad Social como lo dice la Constitución”, señaló.

Del déficit presupuestario social también dio cuenta la representante de la Fundación Martha Estrella de atención a adultos mayores en Mejía, Steffy Sandoval: “En el cantón no hay una sola institución de acogida a adultos mayores en situación de indigencia. Solo en este año la Policía ha venido a entregar seis adultos mayores abandonados en las calles, muchos de ellos con problemas de salud”.

La versión oficial
La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, comentó que abogará ante la Asamblea la entrega de recursos necesarios para el sector social y que en el caso de esa secretaría la pro forma asciende a 1.200 millones de dólares, que incluye un incremento de 80 millones respecto al año anterior.

“Tenemos un presupuesto de 800 millones atendidos por transferencias monetarias para cerca de 900 mil personas y pensamos incluir a 100 mil personas adicionales. En esto trabajamos con el Ministerio de Economía como una prioridad”, sostuvo Cordero.

fuente:https://lahora.com.ec

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