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Suspensión de jueza reaviva debate sobre injerencia de Judicatura

 

La decisión tomada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, de suspender a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en Samborondón Paola de los Ángeles Dávila López, fue cuestionada ayer en el interior de la Judicatura. La principal crítica fue de quienes consideraron que se están repitiendo las prácticas del anterior Gobierno.

El vocal transitorio Juan Pablo Albán habló ayer con Merlo y le indicó su “profunda indignación” porque considera que el Presidente tomó una “decisión precipitada”. “Está diciendo que no vamos a comprometer la independencia judicial. De repente, compromete la independencia judicial a través de la destitución de una jueza”.

Merlo tiene las facultades legales para destituir a jueces. Pero Albán señaló que para que esto pase, se debe cumplir un procedimiento. Una vez que se recepta la denuncia, debe iniciar una investigación, con un informe, para ver si existe o no la falta. Además, el juez debe conocer cuáles son los fundamentos del sumario y se debe permitir que la funcionaria ejerza su defensa.

90
días durará la suspensión tomada. “Sí, podemos aplicar una sanción administrativa cuando se ha incurrido en una falta disciplinaria que esté debidamente probada. Y cuando se haya ofrecido al funcionario la oportunidad de defenderse. Esto no ha ocurrido aquí”, añadió Albán, quien recalcó que la Judicatura no se puede pronunciar sobre lo que decide un juez. Por esto, solicitará que se discuta esta decisión en el Pleno.

Por su parte, María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, indicó que presentó una carta a Merlo exponiendo su preocupación de que se repliquen prácticas. “Consideramos que la medida es excesiva y que no corresponde al Consejo de la Judicatura tomar este tipo de decisiones”.

Hernán Ulloa, abogado de un grupo de jueces destituidos bajo la figura de error inexcusable, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Señor presidente de la Judicatura, suspender a un juez por un acto jurisdiccional (así esté errado), es injerencia judicial. No provoque inestabilidad entre los servidores judiciales”.

La posición oficial
La Judicatura confirmó en un comunicado que la resolución fue firmada por Merlo. El texto aseguraba que se sustenta en el numeral 5 del artículo 269 del Código de la Función Judicial.

2
días han pasado desde que se le levantó la prisión preventiva a Espinel.La sanción, plasmada en un oficio de tres páginas, fue emitida el lunes, horas después de que la jueza revocó la orden de prisión preventiva el exministro Iván Espinel, implicado en un presunto delito de lavado de activos.

Dávila deberá dejar el despacho durante tres meses. Merlo ofició a la Fiscalía para que se inicie una indagación.

La sanción pudo darse, debido a que la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, presentara una denuncia en contra de la jueza.

De acuerdo a la resolución de Merlo, la jueza tenía una “prohibición legal expresa” para revocar la prisión por la gravedad del presunto delito.

La Hora intentó obtener ayer una reacción de Dávila, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (AGO/DAB)

Polémica retención

° La jueza sancionada es la misma que ordenó la retención de 10 periodistas, el 8 de abril porque, supuestamente, filtraron información sobre la audiencia que se realizaba contra el mismo exministro Iván Espinel, en el despacho de Samborondón.

A los reporteros asignados para esa cobertura se les permitió salir de la sala recién pasadas las 20:00. (DAB)

fuente:https://lahora.com.ec

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