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Rafael Correa y dos exministros de Finanzas, acusados por Contraloría

 

Tras nueve meses de trabajo, la Contraloría General y el equipo de veedores presentaron el informe del análisis a la deuda adquirida por el Gobierno de Rafael Correa. Cerca de 20 exfuncionarios, incluidos los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera, enfrentarían la posibilidad de ir a la cárcel.

El contralor Pablo Celi explicó que desde 2010 se derogó y aplicó un conjunto de normas respecto a la composición de endeudamiento público, “que permitieron una aplicación discrecional de conceptos relativos al endeudamiento y su utilización”.

En detalle, la emisión del decreto ejecutivo 1218, firmado por Correa, afectó la forma de cálculo y el límite del endeudamiento público, que “posibilitó seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación de Asamblea ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”, añadió Celi.

Por esta acción, la Contraloría dispuso al Ministerio de Finanzas iniciar los trámites para derogar el decreto 1218 y dispuso medidas administrativas con multa y destitución, además de establecer indicios de responsabilidad penal en contra Correa, Rivera y Herrera, además de otros funcionarios de la cartera del ramo que ejercieron durante el período analizado.

Correa reaccionó ante esta decisión y la cuestionó: “Pero incluso si fuera cierto, ¿De qué delito estamos hablando? Están destruyendo el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, pero como las víctimas son ‘correístas’ la prensa corrupta calla”, cita su mensaje en Twitter.

Reserva de documentación
Pero este no es el único cargo por el que la Fiscalía deberá investigar. Otra irregularidad son las tres resoluciones ministeriales utilizadas por el Gobierno anterior, que en 2010 declararon secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la Ley y extendiendo indebidamente esta declaratoria hasta el pago total de los créditos.

EL DATO
El 13 de marzo de 2018 se efectuó la lectura del borrador de informe del examen especial con la presencia de funcionarios públicos involucrados y de ciudadanos.
Contraloría dispuso a Finanzas la anulación de las resoluciones sobre reserva de las operaciones de deuda. Además de establecer indicios de responsabilidad penal, administrativa con multa y destitución contra los exministros Rivera y Herrera, y otros funcionarios.

Preventa de crudo
En un tercer tema, Contraloría estableció que las operaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda, a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado no solo con crudo sino también en efectivo. Suman 35 millones de dólares.

Para Eduardo Valencia, quien fue parte del grupo de veedores, este “era un mecanismo de crédito disfrazado de una operación comercial”.

Contraloría indicó también que Petroecuador gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la Caja Fiscal.

En el informe se detallan las recomendaciones emitidas, en su mayoría, a la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, así como al ministro de Hidrocarburos y Petroecuador, Carlos Pérez.

Celi dispuso la ejecución de un examen especial al Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, Secretaría de Planificación y entidades relacionadas.

El excontralor Marcel Merlo explica que en el caso de los indicios de responsabilidad penal que pesan sobre en los exfuncionarios, Contraloría envía un informe reservado a la Fiscalía para que inicie le proceso de indagación previa. “En la etapa de investigación no pueden divulgarse elementos. Podría pasar que personas interesadas intenten borrar las pruebas, por eso el documento es reservado”, explicó.

Fiscalía podría demorar unos tres meses en sus investigaciones, solo entonces se podrán determinar responsabilidades de los acusados y así concretar los elementos para un juicio penal.

Para Roberto Aspiazu, también veedor, todavía “hay mucha tela que cortar” y eso se verá en los exámenes especiales que se realicen a partir del informe de Contraloría. (LGP)

fuente:https://lahora.com.ec

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