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Nueva orden de prisión complica más a Correa

 

La orden de prisión preventiva que esta semana se dictó en contra del expresidente, Rafael Correa, aumenta aún más la lista de temas pendientes con la Justicia, que le considera prófugo.

La medida contra Correa, quien vive en Bélgica tras haberse mantenido una década en el poder, la dictó el jueves la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho por supuestos aportes ilícitos privados a su campaña presidencial.

La primera orden de prisión la dictó el 3 de julio anterior la misma alta magistrada, por la supuesta participación de Correa en el secuestro del exasambleísta opositor, Fernando Balda.

A estas causas se suman una decena de expedientes abiertos por la Justicia para investigar a Correa por supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Perjuicios al Estado
Entre las principales investigaciones contra el exmandatario consta la que se inició a partir de un informe de Contraloría que señala que Correa, sin sustento en la legislación vigente en el país avaló endeudamientos del Estado mediante emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería.

Contraloría detectó perjuicios económicos al Estado debido a que estos Certificados de Tesorería, emitidos entre enero de 2016 y diciembre de 2017, sobrepasaron el plazo de un año permitido por el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Obra inexistente
Otra investigación vincula a Correa con la entrega de $6,7 millones para la compra de un terreno con avalúo municipal de apenas $121.275.

El inmueble se adquirió para la construcción de la Refinería del Pacífico, que nunca se hizo en El Aromo (Manta). El caso se abrió tras una denuncia del extinto Consejo de Participación transitorio, en febrero anterior.

Secuestro
La primera orden de prisión que se emitió contra Correa nació a raíz de una investigación, que por años intentó archivar el exFiscal General, Galo Chiriboga, quien impidió que Balda reconociera su firma en la denuncia, para que inicie una “indagación previa”.

Por estos retrasos Chiriboga se ganó el mote de ‘Tío Galo’. Una vez que Chiriboga saliera de la Fiscalía, Balda firmó la denuncia a inicios de 2018, tras seis años de espera.

Cohecho
La reciente orden de prisión contra Correa, que también incluye a su exvicepresidente, Jorge Glas; al exsecretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado; al exsecretario del Agua, Walter Solís y al exasesor de la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, Yamil Massuh, corresponde a los casos ‘Arroz Verde’ y ‘Sobornos 2012-2016’ de supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la campaña presidencial de Correa a cambio de contrato con el Estado. En mayo anterior la Fiscalía empezó a recibir las versiones de los involucrados en este caso, luego que dos portales periodísticos, La Fuente y Mil Hojas, publicaran documentación y un reportaje sobre el tema.

$150
millones es la cifra de contratos públicos que se pudieron adjudicar por la trama de sobornos.Estos aportes ilícitos habrían sumado casi $15 millones, ya sea en efectivo o por “cruce de facturas” y habrían servido para movilizaciones, convenciones, actos proselitistas y otras actividades de campaña electoral, según las pruebas encontradas por la Fiscalía, en particular los archivos de la computadora de la exasistente de Presidencia, Laura Terán, quien también es procesada en esta causa.

La jueza Camacho sostuvo que la orden se sustenta en una decena de “elementos de convicción”, es “legal, constitucional, convencional y por tanto no arbitraria”.

El 29 de septiembre termina “la etapa de instrucción fiscal”, es decir el tiempo que tiene la Fiscalía para reunir las pruebas de cargo y de descargo previo a solicitar formalmente que inicie el juicio por el caso ‘Sobornos 2012- 2016’. (JCER)

fuente:https://lahora.com.ec

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