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Mesa por la Verdad y Justicia identifica patrones de persecución política

 

La Mesa por la Verdad y Justicia, conformada por el Consejo de la Judicatura (CJ) para investigar los casos de persecución política durante el Gobierno de Rafael Correa, identificó los primeros patrones de cómo se usó el sistema judicial de manera sistemática para perseguir a detractores del exmandatario.

La revisión de 300 casos, que subieron la información completa a la plataforma de denuncia creada por el CJ, permitió reconocer acciones como la detención arbitraria sin orden de un juez, explicó la vocal temporal Angélica Porras. También se evidencia exclusión de pruebas, uso irregular del sistema digital de procesos judiciales (Satje) y traslado de jueces.

Ayer, la Mesa inició audiencias públicas para escuchar a los denunciantes, con las que se espera corroborar los mecanismos que usó el correísmo para la persecución.

En jornadas de ocho sesiones diarias, una ayer y otra el próximo lunes, los afectados relatarán su caso, durante una hora (ver recuadro).

Después se llamará a los presuntos responsables, para que ejerzan su derecho a la defensa porque, de acuerdo con el presidente de la Mesa, Paúl Jácome, no quieren replicar las prácticas de la década anterior.

EL DATO
Las audiencias se realizaron en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, en Quito.Con las audiencias públicas se recogerá información para esclarecer la participación de jueces y fiscales de los procesos, la cual quedará plasmada en un informe, cuyo primer borrador estaría listo a finales de noviembre y el final, en diciembre.

Las audiencias serán públicas, con la excepción de aquellas en la que los afectados soliciten la reserva para que no exista revictimización. Las entrevistas se harán entre el martes y el jueves próximos.

Casos
A través de la plataforma, la Mesa, dividida en cuatro comisiones, recibió 1.435 casos, de los cuales 1.140 siguen en proceso de subir la información. Para estos, se hará una ampliación al informe de diciembre.

Jácome explicó que Pichincha es la provincia con más denuncias, 200 casos cerrados y alrededor de 200 en proceso de completar la información.

A esta le sigue Loja, con 20 casos culminados y 25 en proceso, y Guayas con 18 completos y 48 en trámite. Debido a que muchos casos prescribieron, se investigan otras infracciones, como la falta de tutela judicial efectiva, explicó Porras. “No tenemos cómo reparar todo. Reparar integralmente corresponde a otras instituciones”. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec

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