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Las 6 diferencias de las leyes anticorrupción

 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá reunirse para calificar el proyecto de Ley Anticorrupción presentado por el Ejecutivo y remitirlo a una de las comisiones de la Asamblea. El proyecto contempla reformas a las leyes de Servicio Público, de Garantías Constitucionales y al Código Penal.

Asambleístas de la Comisión de Justicia consideran que la propuesta de normativa debería ser tratada en esa instancia, pero reconocen que esa es una potestad del CAL. “La lógica es que venga a la Comisión, pero no es un tema taxativo; puede ir a cualquier comisión”, dijo Henry Cucalón (PSC).

Agregó que hubiese sido positivo que la Ley Anticorrupción de la Legislatura fuera corregida y mejorada por el Presidente, pero al no contar ya con esa normativa estima que algunos temas que estaban contemplados se podrían incorporar a la nueva propuesta.

Lourdes Cuesta (CREO) añadió que se deberá cumplir un profundo análisis jurídico y técnico con la participación de funcionarios y expertos externos. “Podríamos modificar de alguna forma para tratar de recuperar figuras que ayuden a luchar contra la corrupción”, dijo Cuesta.

Una de esas propuestas que intentarían recuperar del proyecto vetado es el comiso anticipado, ya que Cuesta considera que es una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción. “Esperemos que llegue a la misma Comisión”, dijo. (HCR)

El proyecto vetado

° Incorporar en el Código Penal el comiso de bienes, fondos o activos y productos en propiedad de terceros cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar el comiso de los bienes de la persona sentenciada.

° Posibilitar que dentro de los procesos por lavados de activos, testaferrismo, terrorismo y su financiamiento o delitos de narcotráfico se pueda ordenar el comiso de bienes aunque no exista sentencia.

° Que el Presidente no pueda conceder indulto, conmutación o rebaja de penas en delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.

° Cuando personas se asocien con el fin de planificar delitos sancionados por prisión de menos de cinco años, cuya materialidad se manifieste a través de actos que evidencien la pretensión de su ejecución, y que no constituya tentativa, sean sancionados con prisión de tres a cinco años. (En la actual normativa se sanciona por el solo hecho de la asociación).

° El Código Penal establece como uno de los requisitos para dictar prisión preventiva los elementos de convicción claros. El Legislativo añadía “elementos de convicción y evidencias…”, además de que la “sola existencia del indicio no constituye razón para prisión preventiva”.

° Se reformaba la Ley de Servicio Público para que quienes denuncien actos de corrupción fundamentados reciban reconocimiento público y la protección necesaria.

El proyecto del Ejecutivo

° Compensación económica en proporción a los recursos que se logre recuperar para la persona que suministre datos que contribuyan a la investigación, la localización y la recuperación de activos obtenidos de manera ilegal. La compensación no será mayor del 20% y se aplicará en casos en que estén involucrados recursos del Estado.

° Cuando un empleado público que se convierta en informante podrá solicitar traslado administrativo provisional a otro cargo del mismo nivel.

° Un empleado público que denuncie fundamentadamente recibirá el reconocimiento público y la protección necesaria.

° Amplía el ámbito de aplicación del derecho de repetición en cuanto a las responsabilidades y obligación del Estado. Además, el tiempo para la ejecución de la acción de repetición pasaría de tres a cuatro años a partir de la realización del pago total hecho por el Estado.

° En el concepto de cooperación eficaz se incluye también cuando suministren información que permita identificar el destino de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios producto de actividades ilícitas, con lo que podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena.

° La Disposición Transitoria contempla que los terceros que posean activos de origen ilícito y que en un plazo de 90 días de vigencia de la Ley, permitan la recuperación de los mismos se puedan acoger a los beneficios que contempla el ahora proyecto.

fuente:https://lahora.com.ec

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