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La no extradición de Ramiro González deja un aire de impunidad

La negación al pedido de extradición del expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, por parte del Gobierno peruano, generó reacciones en expertos en derecho internacional y en la misma Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Este último organismo envió una solicitud de reconsideración a las autoridades de ese país sobre la decisión tomada por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, entendidos aseguran que la no comparecencia del exfuncionario a la Justicia ecuatoriana deja en el ambiente un “aire de impunidad”.

Elementos de forma
El internacionalista Santiago Orbe aplaude el pedido hecho por la CNJ a las autoridades de Justicia del vecino país. Dijo que le llama la atención que, para negar la extradición, se argumenten “elementos de forma” de la petición que hizo Ecuador.

“Es algo que debe ser reevaluado, dado que las autoridades judiciales han cumplido con todos los requerimientos y que no necesita la calificación por parte de las autoridades jurídicas peruanas”, señaló. Agregó que a ellos les corresponde solamente dar cumplimiento a una orden para que empiece el proceso de judicialización, revisión de pruebas que la Justicia ecuatoriana considera para procesar a González.

Sin embargo, agregó que, de haberse generado estos “elementos de forma”, representaría un error en el que incurrió la CNJ.

“Las dos partes dicen que han hecho lo correcto, sin embargo, es el pueblo ecuatoriano el que sufre las consecuencias de una posible falta de claridad. Queda en el ambiente un aire de impunidad”, agregó.

A criterio de Orbe, el Gobierno tiene una deuda pendiente en la lucha contra la corrupción, pues, según dijo, no se ha podido hacer rendir cuentas a quienes están requeridos por la Justicia y que permanecen en otros países.

Otros criterios
Mauro Terán, exjuez de la extinta Corte Suprema de Justicia, coincidió con ese criterio y asegura que en este caso podría haberse dado una falta de “acuciosidad” en la formulación del pedido. “Pienso que aclarando aspectos de la legislación ecuatoriana y compatibilizando con la legislación peruana sí habría base para que se dé esta extradición”, comentó.

EL DATO
Ramiro González también se desempeñó como prefecto de Pichincha entre los años 2000 y 2006. Salim Zaidan, abogado experto en derecho constitucional, aclaró que negar o aprobar un pedido de extradición es potestad soberana de un Estado. Agregó que si el requerimiento ecuatoriano fue declarado improcedente, posiblemente no fue bien presentado.

“El problema en este país es que no hay prolijidad en el momento de requerir a los ciudadanos que deben responder a la Justicia. Eso propicia la impunidad”, concluyó.

Medida de la Corte
Tras conocer la resolución, el pasado lunes la CNJ elaboró un documento con seis numerales en los que discuten la negación judicial en la que se declara “improcedente” la solicitud de extradición pasiva de González.

El exfuncionario es requerido por la Justicia ecuatoriana dentro de un caso por tráfico de influencias que se gestó cuando él era presidente del Directorio del IESS. Por este caso ya fue sentenciada una de sus más cercanas colaboradoras, María Sol Larrea. (FLC)

fuente:https://lahora.com.ec/

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