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La migración venezolana pone a prueba a todo el Estado

 

Había pasado hora y media cuando el periodista José Hernández le dijo al canciller, José Valencia, que estaba bien que los ministros hablaran de defender la legalidad, “porque no pueden hacer otra cosa”. Pero que eso no está resolviendo la situación de miles de venezolanos en el país. Valencia regresó a ver a los ministros, micrófono en mano, y dijo: “¿Quién responde esta pregunta?”. Y ese parece ser el dilema: ¿quién responde esa pregunta?

Antes de que esto sucediera, el Canciller había revelado que en todo 2017 ingresaron al país 288.000 venezolanos, pero que en los primeros ocho meses de este año entraron 641.000. Y que si la tendencia se mantiene, en todo este 2018 la cifra habrá llegado a un millón. Es decir, 70% más que el año anterior.

No todos se quedan, la gran mayoría sigue su camino hacia el sur. Sin embargo, la proyección del Gobierno es que para diciembre haya unos 300.000 venezolanos viviendo permanentemente en el país. De ellos, 60.000 serían menores de edad.

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venezolanos han sido beneficiarios del corredor humanitario entre las fronteras norte y sur. “Eso significa que deberías construir unas 60 escuelas nuevas para poder brindarles educación”, dijo Valencia.

Estas declaraciones las ofreció en un encuentro con periodistas, en el Palacio de Carondelet, en el que estuvo acompañado por otros ministros. Entonces, anunció que la emergencia declarada en Carchi, Pichincha y El Oro será extendida. La medida debía concluir pasado mañana, pero tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre.

Un pedido a Venezuela
Y justificó así las medidas restrictivas que ha impuesto el Estado para el ingreso a través de la frontera norte: “Buscamos fórmulas creativas de salida. No es bloquear el ingreso por bloquearlo, surge de un mandato legal. No busca impedir la migración, sino regularla”.

Dijo que está consciente de que es difícil conseguir pasaporte o un certificado para la cédula venezolana, pero aseguró que apenas el 20%, dos de cada 10, no tiene el pasaporte.

25
MIL
niños venezolanos han sido vacunados este año. Sobre la cédula, afirmó que han detectado que el 20% tiene algún signo de manipulación. “El sistema de identificación en Venezuela es antiguo, no es como el nuestro. Es fácil que sea adulterado”.

Y agregó que aún buscan mecanismos para facilitar el tema: por ejemplo, que un organismo internacional certifique los documentos validando la información con el Gobierno de Venezuela o que el propio Gobierno de Venezuela interconecte su sistema con el del Registro Civil de Ecuador. Pero aún nada concreto.

Guillermo Robayo, representante de la Misión Scalabriniana, entidad que trabaja con migrantes y refugiados, pone en duda que el 80% de los venezolanos tenga pasaporte.

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casos de sarampión se registran en el país en 2018. 15 corresponden a venezolanos. “Desde nuestro punto de vista no son cifras correctas. En Venezuela, según la oficina oficial, el 51% de la población tiene pasaporte. Entonces, habrá que felicitarle al Gobierno ecuatoriano, que ha conseguido que en Ecuador haya más pasaportes venezolanos que en Venezuela”.

Sobre la extensión de la emergencia migratoria, Robayo aseguró que debería ser nacional y no limitarse a tres provincias, y debería tener el enfoque de Derechos Humanos y no de seguridad.

Las decisiones oficiales se dan ante las críticas de entidades como la Defensoría del Pueblo, que aún espera la respuesta de la Justicia ante su nuevo escrito por la exigencia de certificación de las cédulas.

El defensor del Pueblo, Ernesto Pazmiño, declaró ayer que obtener esa certificación “es igual o más complicado que sacar pasaporte y, sobre todo, vuelve a violar la Ley”. (ASC)

Línea para denuncias laborales
° El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, quien también asistió al encuentro, reveló que se habilitará una central telefónica para que los venezolanos puedan denunciar cualquier explotación laboral o la falta de legalización de sus contratos, como cualquier ecuatoriano.

Ante cualquier denuncia, ofreció Ledesma, se hará una inspección inmediata. El funcionario aseguró que esto evitará incluso preferencias de algunos empleadores por contratar a venezolanos pagándoles menos, porque los contratos deberán ser legales. Hasta el momento, se han registrado 2.000 sanciones por estos casos.

fuente:https://lahora.com.ec/

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