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La imprescriptibilidad del abuso a niños sigue solo en ‘buenas intenciones’

 

La aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes todavía no está clara ni para los familiares de las víctimas ni para los operadores judiciales del país. A cinco meses de que el 73% de los ecuatorianos aprobara esta medida en la consulta popular, lo cierto es que aún hay más dudas que certezas.

El propio fiscal general, Paúl Pérez Reina, reconoce este problema y, por eso, demanda que la Asamblea elabore una norma “para no tener ningún tipo de discrecionalidad” en la administración de Justicia.

“Con esa norma todos los operadores de Justicia tendríamos claridad para aplicarla”, expresa el funcionario, para quien no basta con que la enmienda constitucional se haya publicado en el Registro Oficial el 14 de febrero pasado.

El debate persiste porque las denuncias siguen llegando a la Fiscalía y en muchos de los casos corresponden a hechos ocurridos hace varios años, que hasta ahora siguen sin ser resueltos.

Clemente Pérez, abogado de un grupo de jóvenes víctimas de abuso por parte de un sacerdote en Guayaquil, concuerda en que hacen falta lineamientos claros para que fiscales y jueces no declaren prescritas a las causas.

Califica como “una estupidez” que haya fiscales que, por ejemplo, dispongan exámenes sicológicos o reconocimiento del lugar de una violación ocurrida hace 15 años, pese al tiempo transcurrido. “Hacen diligencias tan absurdas que terminan favoreciendo, prácticamente, al acusado”.

Debate legislativo
Este es uno de los temas que todavía no ha sido tocado por la Comisión de Justicia de la Asamblea, donde se tramitan reformas al Código Penal, vigente desde hace cuatro años.

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denuncias de casos de violencia sexual contra menores de edad registra la Fiscalía entre enero de 2015 y abril de 2018.“La Asamblea, por Ley, no puede resolver ese tema porque las leyes no tienen efecto retroactivo. La única posibilidad y salida es que a la Corte Constitucional se le pida un pronunciamiento”, enfatiza Franklin Samaniego, vicepresidente de esa Mesa legislativa.

Sin embargo, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Aampetra, que investiga las denuncias de violencia sexual en el ámbito educativo, sostiene que este asunto “tiene que discutirse” en el Parlamento.

“No está desarrollado. Se aprobó en la consulta y no se puede aplicar. La ciudadanía aún espera que se diga cómo se aplica, en qué beneficia, quién se responsabiliza”, acota Salgado, para quien “el principal punto a resolver es si la imprescriptibilidad debe ser retroactiva”.

El director nacional de los servicios de acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, Francisco Bonilla, propuso que esta situación sea analizada en la mesa institucional en la que, además de este organismo, participan el Fiscal General y los ministros de Educación y Justicia. (RVD)

fuente:https://lahora.com.ec

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