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Jueza rechaza acción de protección de Julian Assange

 

La jueza Karina Martínez, después de seis horas, rechazó la acción de protección solicitada por Julian Assange.

El ‘hacker’ compareció para alegar una presunta vulneración de sus derechos. Lo hizo con ayuda de un traductor simultáneo, por videoconferencia desde la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde agosto de 2012. Junto a él estaba el abogado Héctor Martínez, del equipo internacional que le asesora, dirigido por Baltazar Garzón, y en Quito, Carlos Poveda.

Su pedido fue que se levanten las restricciones de comunicación impuestas por Ecuador el 27 de marzo de este año y que se deje sin efecto el contenido del ‘Protocolo especial de visitas, comunicación y atención médica’, con 32 disposiciones, que entró en vigencia el 12 de octubre.

La principal alegación fue que esas disposiciones vulneran sus garantías fundamentales.

Por un lado, la restricción del acceso a Internet, explicó Poveda, conculca su derecho a la libertad de expresión, que provocó la incomunicación de Assange con sus hijos y su equipo legal, y la imposibilidad de defenderse de alegaciones en la esfera internacional.

El estatuto de refugiados y el convenio de asilo territorial, dijo, permite la restricción únicamente cuando existe una propaganda sistemática que incite a la violencia y afecte al Estado asilante. Lo cual no era el caso, mencionó, al referirse a las declaraciones de Assange en marzo sobre la detención del líder independentista catalán Carles Puigdemont.

En segundo lugar, indicó que el protocolo, sin firma de responsabilidad, “empeora las cosas”, porque incluye el riesgo de que el incumplimiento de cualquier regla puede dar por terminado el asilo, cuando esto debería suceder posterior a una entrevista que analice los riesgos y daños. Además, de que estarían restringidas las visitas. “Tiene un régimen casi presidiario”.

Assange, en esa misma línea, insistió que existen “graves restricciones a la dignidad”, a su integridad y seguridad, y que el protocolo viola la Constitución.

Posición del Estado
Tanto la defensa de la Cancillería, como el procurador general, Íñigo Salvador, rechazaron las alegaciones de Assange al insistir en que ningún derecho había sido afectado, sino que al contrario, las medidas buscan proteger su integridad dentro de la embajada.

Assange tiene asignada un área de 75 metros (m2) dentro de la sede de 170 m2. Tiene una habitación, un baño con ducha y una sala de reuniones.

La abogada de la Cancillería, María Belén Ortiz, indicó que el protocolo se instauró para mantener una convivencia pacífica.

Dijo, además, que se han hecho dos pedidos de salvoconducto al Reino Unido (2012 y 2017) y que se ha invertido a favor del asilado, por más de 6 millones de dólares.

Explicó que por el incumplimiento de un compromiso de no interferir en la política interna de otros países o desarrollar actos que alteren la tranquilidad pública, a Assange se le fue restringido el acceso a Internet, pero que el protocolo buscó instaurar nuevamente esa facultad al proveerle una clave de acceso WiFi, que fue rechazada.

“Es una preocupación del Estado la salud de Assange”, por eso se estableció en el protocolo controles periódicos. Sobre las visitas, indicó que no hay restricción, sino un control de acceso a la embajada, como en cualquier otro país. “Ha existido mucha tolerancia a actos del asilado, a su comportamiento”, añadió (ver recuadro).

Salvador explicó que la acción de protección era improcedente porque no se han vulnerado derechos y no hay acción u omisión de autoridades.

Explicó que por las condiciones de asilo, el Estado no puede garantizarle los mismos derechos, que voluntariamente aceptó tener ciertas restricciones, como a la movilidad. Expuso que el protocolo busca que “reinen condiciones de seguridad y convivencia pacífica” y que el Estado no terminaría el asilo, de ser el caso, sin que se cumplan las normas básicas del debido proceso. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec/

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