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Gobierno de Ecuador busca que remisión tributaria permita beneficio entre Estado y empresas

 

Como una propuesta salida de las mesas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, la remisión tributaria se incluyó en la Ley económica (calificada ayer por el CAL) como un mecanismo que, sin aumentos impositivos, permite obtener más ingresos fiscales y, al mismo tiempo, apoyar la meta del Gobierno de reactivar la actividad productiva.

Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó que el proceso es una respuesta directa a la inquietud de los contribuyentes, grandes y pequeños, que quieren cancelar sus deudas en lo tributario.

Además, puntualizó que en esta ocasión se hace una distinción entre micro, pequeñas y medianas, con respecto a las grandes empresas.

Diferenciación de pagos
Así, para el primer grupo, quienes se quieran acoger a la remisión podrán pagar sus deudas en dos años. En cambio, para las grandes empresas (que son las que tienen ingresos brutos promedios, en los tres últimos ejercicios fiscales, mayores a 5 millones de dólares o son integrantes de grupos económicos conforme al catastro del SRI) podrán cubrir sus valores pendientes en 90 días.

Andrés Burbano, abogado especializado en tributos, aclaró que el beneficio para las empresas es que al pagar el 100% del capital de la duda, a cambio reciben la liberación del desembolso del 100% de los intereses, multas y recargos acumulados durante el periodo de no pago.

“Otra diferencia importante con otros procesos de remisión es que, en el caso de los contribuyentes que tienen dos años de plazo para cumplir con sus pagos, podrán acceder a planes de facilidad, sin que esto implique el desembolso del 20% de la deuda como cuota inicial”, acotó.

Según datos de la Cámara de la Pequeña y Mediana de Pichincha, la remisión beneficiará de forma directa a al menos a un 10% de las pequeñas y medianas compañías, sobre todo en sectores con mayor nivel de endeudamiento como maderero, textil y constructor.

Pablo Zambrano, vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, comentó que esta medida en conjunto con las exenciones tributarias para la inversión son pasos positivos para impulsar la actividad económica y, al mismo tiempo, generar liquidez y ahorros en las empresas. “El dinero que el Fisco deja de recaudar se queda con los agentes productivos y puede servir para la inversión y la generación de nuevas fuentes de trabajo”, anotó.

Los números
Según Andrade, el Estado estima recuadrar, en 2018, unos 602 millones; en 2019, 115 millones y finalmente, en 2020, 57 millones. Esto da un total en tres años de 774 millones. Estas estimaciones consideran los dos años de plazo que tienen las empresas micro, pequeñas y medianas.

“En ambos casos, tanto en el plazo de 90 días, como en el de dos años, los contribuyentes deberán desistir de las acciones judiciales o procesos de arbitraje que tengan en proceso contra la autoridad tributaria. Este es el requisito previo para acogerse a la remisión”, concluyó.

Los riesgos
Sin embargo, el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, donde confluyen economistas y académicos de varias universidades, apuntó que la remisión generaría un riesgo moral para todas las actividades económicas, en virtud de que aquellas empresas, que cumplieron con sus responsabilidades fiscales, reciben una señal contradictoria que premia el incumplimiento tributario.

Además advierten que los grandes grupos económicos se verían muy beneficiados, a pesar de su débil responsabilidad tributaria. (JS)

fuente:https://lahora.com.ec/

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