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Fernando Alvarado no llevaba el grillete electrónico desde el 13 de octubre

 

Para la Fiscalía General del Estado, entre el 13 y 20 de octubre, Fernando Alvarado ya no tenía instalado el grillete electrónico. La línea de tiempo mostrada ayer por el fiscal Paúl Pérez ante el Pleno de la Asamblea, determina que en estos días el movimiento del ahora prófugo fue “errático e inusual” en comparación con días anteriores.

Pérez, a través de gráficas, indicó que entre el 9 de agosto y el 28 de septiembre, Alvarado cumplió con las medidas preventivas estipuladas por la Corte Nacional de Justicia. Luego, entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre, el ECU-911 registró 241 alertas de ‘pulsera removida’.

El Fiscal fue enfático en la defensa de su despacho: “En ningún momento nosotros fuimos notificados de estas alertas”. Además, indicó que días antes de la fuga, se presentaron siete alertas de baja batería que comprueban que el dispositivo “pudo ser apagado”.

¿Y los responsables?
Las declaraciones de Pérez ante los asambleístas generaron preguntas de parte de cinco bancadas del Pleno, pero fue la que realizó el parlamentario Luigi García la que generó una acusación indirecta de parte del Fiscal en contra de su colega, Ruth Palacios. “Fue ella, en la audiencia que se realizó el 9 de agosto, la que solicitó que Alvarado recibiera medidas alternativas y no prisión preventiva. En el marco de la independencia de los fiscales, nosotros no nos opusimos”.

Tanto en las declaraciones de Pérez, como en las de la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, y del actual, Paúl Granda, la discusión giró en torno a ubicar quiénes fueron los responsables en no informar sobre las 1.340 alarmas que emitió el grillete del prófugo desde el 9 de agosto hasta el 20 de octubre.

Rosana Alvarado informó que durante su gestión se firmó el contrato para adquirir más de 4 mil grilletes por 13 millones de dólares. Actualmente, y según cifras aportadas por la Fiscalía, 2.353 están en uso. También, el 13 de abril de este año firmó un contrato con Conecel (Claro) para el servicio de telecomunicaciones de los dispositivos. Servicio que duraría seis meses hasta el 13 de octubre.

Desde ese día hasta el 20 del mismo mes, la Fiscalía asume que Alvarado se removió el grillete y lo entregó a otra persona.

Por su parte, Paúl Granda, durante sus declaraciones indicó que el 3 de septiembre pidió a los representantes zonales del Ministerio de Justicia que entregaran un reporte del estado de los grilletes instalados. Luego, el 24 de ese mes, pidió a Conecel un reporte de conectividad donde se comprobaron “fallas en el servicio”. (JDC)

fuente:https://lahora.com.ec/

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