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El concurso de fiscales provinciales deberá garantizar transparencia

 

La necesidad de garantizar transparencia en la designación de fiscales provinciales es una prioridad del Consejo de la Judicatura transitorio y un tema que debe ser normado antes de reanudar o lanzar otro concurso.

Esa es la postura que mantienen abogados constitucionalistas, quienes consideran como punto medular que quienes ejerzan esas funciones, sea de forma temporal o permanente, no solo tengan altos puntajes en un concurso, sino que demuestren que su accionar en el ejercicio de su carrera ha sido ético y probo.

Si bien no existe un criterio unificado sobre si los vocales transitorios deberán ser quienes designen a los fiscales provinciales permanentes, sí existe un acuerdo en que la elección de los funcionarios no deberá realizarse con los mismos parámetros que utilizó la anterior Judicatura presidida por Gustavo Jalkh.

“Si van a hacer el nuevo concurso, lo que se espera es que se vea otro mecanismo. Ya no sirve el anterior. Esa selección que era o por tiempo de servicio, o por títulos, ya no resulta suficiente”, aseguró la abogada constitucionalista Paulina Araujo, quien insistió que, inclusive para posiciones temporales, “el Ecuador merece las personas más probas y que hayan demostrado vocación de servicio”.

Finalmente, el pleno de la Judicatura, en dos días de sesión, resolvió cambiar la designación de las fiscalías de Loja, Napo, Guayas, Santo Domingo, Cañar y Santa Elena. Además, escogió a otros candidatos para las posiciones en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos porque los designados se excusaron. Hasta el cierre de esta edición no se conoció quiénes fueron nombrados.

Nuevos parámetros
Si bien el abogado constitucionalista Ismael Quintana considera que la Judicatura transitoria no debería “ejercer una potestad nominadora” porque podría ser “aventurado, irresponsable y muy apresurado”, sí está seguro de que debe normar los futuros concursos para garantizar que los fiscales permanentes demuestren “probidad, pulcritud y ética”.

Sugiere que se garantice la estabilidad y carrera de los funcionarios tomando en cuenta su experiencia. “Dar un puntaje mayor a quienes demuestren una solvencia en carrera fiscal”. Igualmente, que se evidencie su capacidad docente, que tenga publicaciones y que se incluyan normas de impugnación ciudadana, postura que también sostiene el vocal de la Judicatura, Juan Pablo Albán.

El abogado constitucionalista Salim Zaidán, quien cree que la Judicatura debe reanudar el concurso que el Consejo de Participación transitorio suspendió, también insiste en que los parámetros de selección deben ser mucho más transparentes.

Para él, es necesario revisar las etapas del concurso, especialmente la discrecionalidad que ha existido durante las entrevistas y la resolución de casos para que así “no haya favoritismos ni sobrevaloraciones ni perjuicios”.

Araujo plantea que los fiscales sean los mejores penalistas del país, que lo hayan demostrado en su carrera, en la docencia y en publicaciones. Pero también, que se haga una evaluación, inclusive sicológica, “de qué condiciones tienen las personas de probidad y de ética pública”. Para que los fiscales, en un conflicto de intereses, siempre pongan como prioridad el interés del país. Finalmente, sugiere que el concurso sea en igualdad de condiciones y que no únicamente los funcionarios públicos puedan participar. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec

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