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El Acuerdo 2030 pretende revertir ocho problemas

 

Los representantes de la Función Ejecutiva, Judicial y el sector civil se unieron para crear un acuerdo que impulse una atención efectiva a las víctimas de violencia. Más de 7.000 denuncias por agresiones sexuales se han receptado en los juzgados del país, entre 2017 y lo que va de 2019. De este número, apenas el 15% de las víctimas continúa con el proceso legal.

La concurrencia en los casos de violencia son más graves si se toma en cuenta que en 2018, las Juntas de Protección de Derechos, trataron alrededor de 30.000 causas, cuya mayoría estuvo vinculada a temas de violencia psicológica y física contra niños y adolescentes. Este es el panorama que enfrenta la sociedad ecuatoriana sobre violencia contra mujeres y menores de edad, según Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), quien acudió ayer a la firma del “Acuerdo Nacional 2030 para el acceso a Justicia por una vida libre de violencia”.

Se trata de un convenio que creará la Comisión Mixta Nacional de Acceso a la Justicia, subcomisiones técnicas, justicia especializada y reformas legales. Este gran acuerdo interinstitucional se realizó entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Derechos Humanos. Se construyó con la participación y el compromiso de alrededor de 3.100 líderes y lideresas sociales, 160 Gobiernos Autónomos y ocho asambleístas.

Cada entidad, desde su campo de acción, atenderá los casos de agresiones físicas y psicológicas no solo contra las mujeres, sino los grupos vulnerables. Además se espera la mejora de respuesta desde la Función Judicial. El documento detalla que con el convenio se pretende revertir ocho problemáticas. Entre ellas, la falta de especialización en la administración de justicia, la discriminación, la insuficiente tutela judicial, la revictimización, la falta de asistencia técnica jurídica, entre otras.

María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), añadió que muchos casos de violencia de género no han recibido la atención oportuna que ameritan estos hechos. Mencionó algunos ejemplos de víctimas como Martha, Juliana y Carolina. “Desde 2014 hasta lo que llevamos este año, 342 mujeres han muerto por femicidio. Es decir, cada tres días hay una nueva víctima”, dijo. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, mencionó que en los últimos años, hay menos espacios seguros para niños y mujeres. Dijo que las estadísticas nacionales hablan de 11 violaciones diarias en el país.

“Los verdaderos problemas del subdesarrollo están basados en nuestro comportamiento, cuando se puedan tener buenos indicadores en ese sentido habremos alcanzado el desarrollo”, expresó. El segundo mandatario añadió que cada caso que llega al sistema judicial significa que se ha fallado como sociedad y como Gobierno. “Lo importante es trabajar en la prevención, formando jóvenes y reeducando adultos”, expresó. Diana Salazar, fiscal general, recalcó que el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia se convierte en una línea de gestión que impulsa a sumar esfuerzos y disminuir la brecha entre Estado y ciudadanía y “que Ecuador garantice un servicio judicial imparcial que cumpla con los estándares internacionales de Derechos Humanos y mantenga sobre todo un enfoque de género”.

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, destacó que este acuerdo es un hito porque se promueve una política pública integral de atención para articular las funciones del Estado. “Es la oportunidad para trabajar con una justicia especializada y prever una reparación integral, dándole a la sociedad civil el rol fundamental para la prevención, protección y erradicación de violencias de género”, expresó. (I)

fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/acuerdo-2030-funcion-ejecutiva-judicial-victimas-violencia-derechos-humanos

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