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Ejecutivo propone reformas tras migración masiva

 

El flujo migratorio masivo de venezolanos a Ecuador y el asilo diplomático otorgado a Julian Assange, cuya presencia en la embajada en Londres se convirtió en incómoda, son dos hechos que provocaron que el Ejecutivo reconociera la necesidad de reformar la Ley de Movilidad Humana.
La ministra del Interior, María Paula Romo, y el canciller, José Valencia, entregaron ayer una propuesta al presidente del Legislativo, César Litardo. Este proyecto se sumaría a otros 15 que tramita la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, pero primero deberá ser revisado por la Unidad Técnica Legislativa y el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El documento, que contiene 88 artículos, propone incluir términos, como la migración irregular, que no se estipularon en la Ley de 2017. También, según Romo, mantiene el principio constitucional de libre movilidad, pero incluye el de soberanía nacional.

Estas propuestas van de la mano con el decreto emitido por el presidente, Lenín Moreno, para regularizar la estancia de venezolanos en el país.

Romo confirmó ayer que el registro de ciudadanos de ese país, que ingresaron de manera regular, iniciará en 15 días, tras incrementar la capacidad operativa de las bases de datos con huellas dactilares. Mientras que las visas humanitarias tomarán más tiempo, pero se espera que menos de cinco semanas, plazo que se demoró Perú.

Migración masiva
La migración por la situación venezolana motivó al Ejecutivo incluir como ‘personas en protección por razones humanitarias’ aquellas que “sean parte de flujos migratorios provocados por crisis y otras causas que sean determinadas por la autoridad de movilidad humana”.

Pero también, que se permita al Estado establecer “mecanismos temporales de autorización de ingreso” al territorio nacional a ciudadanos suramericanos, lo que la legislación vigente no permite. En agosto de 2018, ante el ingreso masivo de venezolanos, se les impuso el requisito de tener pasaporte. Sin embargo, la justicia consideró la medida como discriminatoria, por lo que fue suspendida.

Además, se propone una aclaración, puesto que la Ley no establece que el documento de identificación nacional de los extranjeros deba ser válido y vigente. Igualmente, sugiere eliminar la posibilidad de que la visa de turista, de tres meses, se pueda ampliar a un año.

Protección internacional
El Ejecutivo también envió reformas a todo el acápite sobre protección internacional, que incluye el asilo diplomático. Así busca dejar claro que todas las personas que se acojan a esta condición están sujetas a derechos y obligaciones, como cualquier ecuatoriano.

De tal manera que a quienes tengan esa protección no se les “exima de responsabilidad determinada en el ordenamiento jurídico; así como del cometimiento de las infracciones establecidas en la ley penal ecuatoriana”. (AGO)
fuente:https://lahora.com.ec

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