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Documentos prueban la metida de mano en la Justicia durante el correísmo

 

Una disposición emitida durante el gobierno de Rafael Correa evidencia cómo el Ejecutivo tuvo injerencia en la Función Judicial y así afectó los fallos sobre demandas contra el Estado. El 19 de octubre de 2013 se emitió un oficio firmado por la entonces secretaria de Correa y cónsul en Bélgica hasta mayo de este año, Mariana Pico Alvear.

En ese oficio, la orden para los jueces era clara: “No se dé paso a alguna acción de protección en contra del Estado o instituciones similares. De hacerlo, acudiremos al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y fiscalizador de la Función Judicial”.

Esta orden, según el oficio ‘PR-SSDES-CIRCULAR-RESERVADO’, fue dada por Correa, por intermedio de la Secretaría Jurídica, que estaba dirigida por Alexis Mera. Por el tipo de disposición, el documento señala que es “Reservado CRUZADO con el C.J. (Consejo de la Judicatura)”.

En apenas cuatro líneas se dio la disposición y la pena para quienes no la acaten: la “DESTITUCIÓN”. Así, en mayúsculas. La sanción para los jueces se menciona en la segunda línea, antes siquiera de explicar cuál sería la causal de esa destitución. Y el oficio se cierra con la frase: “Con sentimientos de distinguida consideración”.

Este documento llegó a las manos de los nuevos vocales temporales de la Judicatura, quienes, al iniciar su gestión, ofrecieron transparentar la justicia y rescatar la independencia judicial. La gravedad de la disposición hizo que el tema ya fuera discutido en el Pleno, según confirmó ayer el vocal Juan Pablo Albán.

Como abogado en libre ejercicio, Albán ya había expuesto la “injerencia indebida del Poder Ejecutivo” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que por “vía de oficios exigieron a los jueces que no resolvieran las acciones previstas en la Constitución, las garantías jurisdiccionales, a favor de los ciudadanos sino a favor del poder público”, dijo.

Ese no es el único documento que muestra una injerencia del Ejecutivo. El 11 de julio de 2012, con el oficio N°0922-2012-DP-GG-CJ-LNV, dirigido a los jueces pronvinciales de Guayas y a los del distrito Guayas y Galápagos, se recordaba que “actúen en resguardo de los intereses nacionales e institucionales”.

En el oficio, firmado por el entonces director provincial de Guayas y Galápagos del Consejo de la Judicatura de Transición, Luis Naranjo Vergara, se explicaba que la disposición salía directamente de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, cuyo director era Mauricio Jaramillo Velasteguí.

En una entrevista con La Hora, la vocal Angélica Porras señaló que en total detectaron tres documentos que salieron de la Presidencia y de la propia Judicatura, lo cual demuestra “una intromisión del poder Ejecutivo en la Justicia de la manera más descarada”.

Porras ha sido en los últimos años abogada litigante. Ella, con sus clientes, salió afectada por la resolución. “Era casi imposible lograr que un juez sentenciara contra el Estado. Podíamos tener todos los argumentos. En la audiencia ganábamos porque la contraparte del Estado decía ‘no tengo más argumentos’ y, sin embargo, se perdía la sentencia. Al juez le daba miedo”, señaló.

Este tema todavía debe ser analizado con mayor profundidad en el Consejo de la Judicatura, debido a que no estaba en el orden del día, ayer. Sin embargo, Albán señaló que se lo puede incluir cuando se traten asuntos varios. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec/

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