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Consejo de la Judicatura derogó códigos y elaborará nuevos

 

Una semana estuvo vigente un Código de Ética Judicial y un Código de Conducta para los abogados en el patrocinio de las causas. El presidente del Consejo de la Judicatura transitorio (CJ), Marcelo Merlo, y los vocales Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi aprobaron las disposiciones el jueves anterior. Ayer, decidieron derogarlas tras las críticas que recibieron.

El CJ ya contaba con un Código de Ética para los funcionarios judiciales, aprobado en 2015. Los vocales transitorios analizaron reformarlo cuando Juan Pablo Albán todavía era parte de la Judicatura. Sin embargo, no se discutió en el Pleno, ni se elaboró una propuesta hasta la anterior semana. Por otro lado, no se había discutido realizar una norma de conducta para los abogados.

El anterior jueves, el Código de Ética Judicial, de 34 artículos, y el Código de Conducta, de 43, fueron aprobados sin que los abogados u otros actores hubieran participado en su construcción. En esa sesión no estuvo presente Angélica Porras. “Es un error que pudo haberse evitado si se hubiera discutido de manera más amplia”, dijo ella. Solo se lo revisó el día en que fue aprobado.

EL DATO
Los códigos iban a comenzar a aplicarse después de un periodo de seis meses, en los que habría capacitación. El primer código, dirigido a jueces y candidatos a jueces judiciales, normaba aspectos como las influencias externas en la conducta judicial, el derecho a ser escuchado, las excusas o los impedimentos, las tareas de supervisión e inhabilidades, entre otros. “Contiene errores inadmisibles, así como contradicciones al ordenamiento jurídico ecuatoriano”, señaló la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El segundo, para los abogados, establecía normas para la relación abogado-cliente, el abogado como consejero, como litigante, los bufetes y las sociedades profesionales y la información sobre servicios legales.

Problemas
El código de conducta para los abogados tenía varias falencias. Primero, era “una copia” de una norma vigente en Puerto Rico, explicó Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mientras que el de los servidores judiciales fue obtenido de documentos internacionales, como el Código Modelo de Conducta Judicial de la ABA, expedido por el Colegio de Abogados de EE.UU., según la CNJ.

Segundo, los dos códigos son inconstitucionales, indicaron abogados. Sobre el Código de Ética Judicial, la Corte señaló que “contraviene la Constitución” porque “viola el principio de reserva de ley” al regular los derechos de los servidores judiciales y tipificar infracciones en el ejercicio del cargo.

3
años de vigencia tenía el Código anterior. El código para los abogados violaba libertades, según Porras. Por ejemplo, se establecía una regulación al cobro de honorarios contraviniendo la libertad de contratación y de trabajo, y la libertad de empresa.

Además, incluía una disposición que generó críticas en redes sociales: la prohibición de que un abogado tuviera relaciones sexuales con su cliente, a no ser que existiera una relación consensual entre ambos.

“El Consejo de la Judicatura tiene la competencia para emitir el Código de Conducta, pero en lo aprobado hay reglas que solo pueden aprobarse por medio de una ley y regula algunas cosas de forma peligrosa cuando no absurda. No todo está mal, pero lo que está mal, es malo en serio”, señaló Farith Simon, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, en su cuenta de Twitter. (AGO)

Ahora sí al diálogo
° La Judicatura reculó en la aprobación y ayer acordó con los gremios de abogados elaborar una normativa en conjunto. En ese código, según la vocal Angélica Porras, se deben establecer parámetros éticos, con los cuales exista una auto regulación de los abogados y servidores judiciales.
“Deben incluirse principios que rigen la carrera del juez, del abogado. Debe establecer, por ejemplo, cómo debe actuar un abogado atendiendo a la verdad, a la justicia, a la confidencialidad”, explicó.

Por su parte, Ramiro García indicó que “un código deontológico debe debatirse” para elaborar uno “racional, consensuado y que responda a la realidad jurídica del país”, de lo contrario se volvería a prácticas autoritarias.

fuente:https://lahora.com.ec

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