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Computador revela la ‘Revolución del Soborno’

 

Los 3.148 archivos que reposaban en la computadora de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, quien fuera asesora del expresidente Rafael Correa, ampliaron los horizontes para la investigación que la Fiscalía impulsa por presuntos aportes irregulares a campañas, que se originó en el caso ‘Arroz Verde’, hoy llamado ‘Sobornos 2012 – 2016.

Con los nuevos indicios hallados en el ordenador incautado en la Presidencia de la República, las autoridades buscan esclarecer cómo el movimiento de la llamada Revolución Ciudadana, liderado por el exmandatario, pudo sostenerse con una fuerte base económica.

En el informe elaborado por Terán, se evidencian todos los aportes y egresos que Alianza PAIS (AP) registró entre 2012 y 2016. Ese informe nombra a 18 empresas y personas que habrían hecho contribuciones.

Laura Terán ideó un sistema de codificación. A cada uno de ellos le dio un código de identidad en los informes que elaboraba en el computador de la Presidencia, que hoy es evidencia en el proceso.

Informe
Según los registros de ‘Verde Final’, en esos cuatro años AP recibió aportes económicos por más de 15 millones de dólares. De ese dinero, 6,7 se habrían entregado en efectivo, mientras que 8,7 se hicieron por cruce de facturas, es decir, empresas asumían los gastos que adquirían con otros negocios a cambio de beneficios contractuales.

Sobre esto, existe un proceso en curso para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas; y Laura Terán y Pamela Martínez.

En los registros también saltan más nombres como el de Rommy Vallejo, exsecretario nacional de Inteligencia; la asambleísta Viviana Bonilla, Francisco Latorre, asesor de Correa, con un pago de $5.000 por seguridad civil; del exfutbolista y exasambleísta Iván Hurtado, quien habría recibido $15.000 por ‘helicóptero por entregar’; Olga Muentes, Doris Soliz, quien registra $269.654,20 por campaña; Andrés Granda; y Sofía Espín, quien recibió $3.500 para movilización de marcha del 13 de agosto de 2015. (Soledad) S. Buendía aparece con un monto de beneficio de $9.120, por “bandereo 6 de Diciembre”.

Y es que por gastos varios hay registros por servicios musicales para los cumpleaños del propio Correa y Ricardo Patiño, ambos prófugos de la justicia; así como rubros por movilización de simpatizantes o pautajes en televisión que alcanzan hasta los $150.000.

Versión. Ayer hubo más versiones. Fontana, de Fopeca, acudió a Fiscalía.
Estructura y glosario
En su informe, Laura Terán también fue minuciosa al identificar a funcionarios del Gobierno correísta con otros códigos. Entre los líderes de la estructura figuran el exvicepresidente Jorge Glass (JG – L1), María de los Ángeles Duarte (MD – L2), Walter Solís (WS – L3).

Como coordinadores están Olga Muentes (OM – C1), María Augusta Enríquez (ME – C2) y Pamela Martínez (PM – C3). A Rafael Correa, Terán asignó el código de A1, mientas que Glas también era reconocido como A2.

Casos
Uno de los movimientos apuntados por Terán, en sus hojas, detalla una transacción de la empresa constructora Hidalgo & Hidalgo.

“Ofreció 2’000.000, uno a MD y otro a WS, desde el inicio no demostró interés de cumplimiento, no contestaba llamadas, en reiteradas ocasiones se han negado a recibir las facturas y el 17 de marzo de 2014, me comunicó que no tiene liquidez. Al momento están pendientes 2 facturas ya emitidas”, dice el informe ‘Verde Final’.

En el expediente de Fiscalía constan más aportes como estos, en los que constan empresas como Odebrecht, la empresa constructora Herdoiza & Crespo, entre otras.

También se nombra a Fopeca, con un aporte “voluntario” de 400.000 dólares. Sobre esto, en el acápite de observaciones se menciona que: “Ofreció a MD 400.000, pero dijo que puede cumplir con 300.000 de los cuales 60.000 en efectivo (cumplido) y 240.000 en cruce de facturas (cumpliendo)”.

La mañana de ayer, Manuel Fontana, representante de la constructora Fopeca, acudió a la Fiscalía a rendir una versión. Sobre el presunto aporte al movimiento AP, su abogado, Oswaldo Jarrín, explicó que eso deberá ser analizado por la autoridad y que por el momento su representado está colaborando con información.

En su versión, Fontana dijo que el gobierno de Correa volcó todo los entes de control para fiscalizarlos. Calificó estas acciones como una persecución política por no estar aliados con el ideal del partido (AP).

Reconoció además que tuvo relaciones laborales con el Ministerio de Obras Públicas y aseguró desconocer en qué consisten los cruces de facturas. (FLC)

fuente:https://lahora.com.ec

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