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Asamblea ofrece protección a quienes denuncien ‘impuesto al trabajo’

 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aprobó ayer una resolución donde se garantiza que todas las personas que tengan conocimiento y pruebas sobre supuestos cobros de parte de los asambleístas a sus asesores, podrán hacerlo sin el riesgo de perder su trabajo.

La presidenta de esa función, Elizabeth Cabezas, indicó que dicha resolución busca mantener la coherencia de la lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea y, además, “precautelar el buen nombre” del organismo.

“Además, si tenemos a asambleístas que conocen de otros asambleístas que están practicando estos cobros ilegales, la Ley de la Función Legislativa tiene los mecanismos para que puedan hacer la denuncia”, agregó.

Para hoy se espera que Pablo Santillán, abogado y funcionario de carrera dentro de la Legislatura, presente en ventanilla el proyecto de resolución que permita a la Contraloría indagar dentro de las cuentas y las transacciones de los parlamentarios y sus empleados.

5.000
dólares gana un asambleísta. Al mantener este proceso ordinario, el siguiente paso sería que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, defina una fecha para que se discuta en el Pleno. “Si se llega a comprobar que estas prácticas se dan dentro de la Asamblea, serán los organismos correspondientes los que lleven a cabo la investigación”, acotó Cabezas. Pero no definió qué día podría discutirse el tema.

El asambleísta Luis Fernando Torres es partidario de que la Contraloría se encargue de inmediato de investigar las denuncias sustentadas con evidencias y se discuta entre los asambleístas un Código de Ética que evite estos casos. “Cualquier acto de corrupción debe ser investigado”, acotó.

1.300
dólares gana alguien con partida de personal administrativo. Santillán, por su parte, agregó que siguen recabando denuncias y pruebas sobre este ‘impuesto al trabajo’. “Desde hace años esto se conoce, no es nuevo. Cada caso está sustentado”.

El artículo 23 de la Ley de Servicio Público protege a quienes hacen estas denuncias sobre temas laborales. (JDC)

‘Me pedían 80 dólares al mes para Alianza PAIS’
° “Entré a trabajar como relacionista pública con una partida de personal administrativo. Mi sueldo era de 1.300 dólares y al mes me pedían 80 para Alianza PAIS”. Es el testimonio de Andrea Utreras, quien entre enero y marzo de este año trabajó para la asambleísta Karina Arteaga (PAIS).

“Ella tenía que cumplir una cuota de 400 dólares para el partido, por lo que entre los cuatro que trabajamos para ella, teníamos que cubrir eso. Además, cuando salía a almorzar o a algún evento, de nuestro bolsillo, teníamos que pagar sus gastos de comida y alimentación”, sigue Utreras, quien confirma que ella no pagó las cuotas porque le parecía “un abuso” y renunció. Tres meses se tardó la asambleísta Arteaga en firmar sus papeles para que le cancelaran su liquidación.

“Yo estoy segura de que lo hizo por retaliación. Entré como relacionista pública y ella pretendía, además, que yo cumpliera labores de asistente y empleada doméstica, porque más de una vez nos pedía a una compañera y a mí que nos rotáramos para acompañarla a dormir en su casa, porque ella no quería dormir sola”, apunta. Y que tuvo que decir que ella pagaría las cuotas que le exigieron mientras trabajaba, una vez que le cancelaran la liquidación. No lo hizo. La Hora intentó obtener una versión de la asambleísta Arteaga ante esta denuncia. La buscó a través de sus asistentes y con mensajes dejados en sus redes sociales. Sus asesores dijeron que estaba en una reunión y que, al salir, ofrecería una declaración. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuestas.

fuente:https://lahora.com.ec/

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