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Asamblea frena ley clave contra la corrupción

 

Entre 2013 y 2017, la mitad de los procesos de contratación pública se hicieron a través de régimen especial: un solo proveedor, sin licitación y sin pasar por el control del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La información la confirmó en junio de este año, la directora general del Sercop, Silvana Vallejo.

El mecanismo permitió que durante el Gobierno de Rafael Correa se contrataran obras y servicios por más de 18.000 millones de dólares, cuando debía ser de aplicación excepcional. Así, por ejemplo, se entregó la construcción de 10 proyectos viales, en seis provincias, a la empresa estatal china Sinohydro. Esos contratos fueron objeto de exámenes especiales de la Contraloría, que identificó irregularidades.

El abuso del régimen especial para seleccionar ‘a dedo’ a las contratistas, favoreciendo a la corrupción, motivó la reforma a la Ley de Contratación Pública. El informe para primer debate estuvo listo en mayo de este año y, finalmente, se trató ayer en el Pleno de la Asamblea.

Pero apenas ocho legisladores se registraron para intervenir, de modo que el presidente (e), César Solórzano, tuvo que cerrar el debate. Ni siquiera Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, donde se tramita el proyecto, estuvo en su curul durante las intervenciones.

Restricción
Las reformas a la Ley, que incluyen seis nuevos artículos y 20 modificaciones, buscan mejorar el control y la eficiencia en las contrataciones, así como favorecer a la economía popular y solidaria, decía Mendoza y comenzaron las intervenciones.

30
días tendría la Contraloría para emitir un informe sobre las obras. El asambleísta Fernando Callejas (CREO) pidió celeridad, pues los insumos se recogieron desde 2017, y enérgicamente solicitaba que se cerraran las puertas a la contratación sin transparencia. Más de 400.000 contratos, señalaba, se dieron a través del régimen especial, inclusive, en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, en la que se evidenciaron 100 contratos de esa índole.

Por eso, Mae Montaño (independiente) puntualizó que se debe restringir el mecanismo. De hecho, la propuesta elimina de ese régimen a las consultorías y los servicios de comunicación, mientras condiciona al patrocinio jurídico.

Otros cambios
A la par, Mercedes Cuesta (independiente) apuntó que los contratos en situaciones de emergencia deben cumplir esa condición y que se debe exigir un informe previo de Contraloría para la adjudicación de obras.

18.000
millones de dólares se contrataron por esta vía en el Gobierno anterior.Esto también recoge el proyecto, pues establece la obligatoriedad del pronunciamiento del organismo de control en contratos millonarios. La Contraloría tendría un plazo de 30 días para emitir su informe, de lo contrario sería afirmativo.

Mientras, Patricia Henríquez (PSC), indicaba que los contratos a los precios más bajos no garantizan la calidad de los productos. Por eso, sugirió abandonar ese criterio para los ‘bienes normalizados’, en los que se incluyen los medicamentos.

Finalmente, Pabel Muñoz (RC), expresidente de la Comisión de Régimen Económico, pidió que no se desperdicie lo que tramitó la Mesa. A su criterio, las reformas deben garantizar la eficiencia del Estado, mejorar el control y fortalecer a los pequeños y medianos empresarios. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec

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