Home > Nacionales > 495 jueces y fiscales van a investigación en la Judicatura

495 jueces y fiscales van a investigación en la Judicatura

La Mesa por la Verdad y Justicia, impulsada por el Consejo de la Judicatura transitorio, entregó un pedido a esa institución para que inicie procesos administrativos en contra de 495 jueces y fiscales, cuyos nombres surgieron durante la investigación que se realizó durante más de tres meses.

La Mesa presentó un informe preliminar de su trabajo, el cual inició con la recopilación de los expedientes. Se presentaron 1.435 casos, de los cuales 300 completaron la información y 247 estaban vinculados a persecución política.

De estos, se identificó a los funcionarios judiciales que serán investigados por la Judicatura, en los que se incluye a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y fiscales provinciales. En algunos casos, la misma persona fue nombrada hasta en 48 ocasiones.

Una vez que se abra el proceso en su contra, podrán presentar elementos de descargo para su defensa, explicó el presidente de la Mesa, Paúl Jácome. Él también fue perseguido, dentro del caso de los ‘3 de Cotopaxi’.

Los resultados
La Mesa, junto con el apoyo técnico de la Escuela de la Función Judicial, analizó la información proveniente de los expedientes y de 24 audiencias públicas y entrevistas reservadas. La conclusión a la que llegó es que durante el correísmo se creó un patrón de persecución, con un Estado autoritario que buscaba impedir cualquier disidencia, dijo Jácome.

La persecución tenía tres características, según la vocal Angélica Porras. Era sistemática y dirigida a un grupo de personas que se opusieron al Gobierno, quienes “criticaron, denunciaron corrupción y eran líderes sociales”.

Segundo, fue estructurada. “Tuvo coordinación entre las diversas instancias del Estado. Esto no habría sido posible sin la metida de mano en la Justicia”, agregó. Finalmente, los jueces no cumplieron con su deber. “No fueron capaces de resistir la influencia del poder político”.

Durante el correísmo
Así, se evidenció que los casos iniciaron en 2007, cuando Correa entró a la Presidencia, pero se intensificaron en 2010 (ver infografía). El 59% de las víctimas eran profesionales, “de los sectores medios que venían reclamando derechos y justicia”, a los que se sumó un 15% de agricultores y ganadores, indígenas que cuestionaron y rechazaron las actividades extractivas en sus territorios, añadió Jácome.

Los perseguidos, además, eran jóvenes. El 77% correspondía a personas que actualmente tienen entre 30 y 60 años.

El informe preliminar será entregado a las víctimas, a organizaciones de Derechos Humanos y a universidades para que realicen observaciones hasta el 28 de este mes. Después de ese plazo se consolidará el informe final que será entregado en enero. Además, la Mesa plantea continuar su trabajo con la Judicatura permanente, para lo cual solicitará el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. (AGO)

fuente:https://lahora.com.ec

Comentarios