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16 provincias vulnerables ante minería ilegal

 

En los territorios de 16 provincias del país hay potencial minero; por lo que, la ministra del Interior, María Paula Romo, reconoce que en esas zonas hay riesgo de que se exploté de forma ilegal. En sus declaraciones de este miércoles, en la Asamblea Nacional, aseguró que la respuesta del Estado, frente a las situaciones ilícitas en Buenos Aires (Imbabura), ha sido una señal clara de decisión “para evitar que la ilegalidad se instale en cualquier otro punto” de Ecuador.

Según cifras oficiales, más de 5.000 personas han salido de los terrenos y han abandonado la actividad a la que se dedicaron por más de un año. Esa cantidad, representa el 15% del total de plazas de empleo que generarían las minas legales en el país, considerando los datos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, de este año, que reflejaron que, -entre proyectos estratégicos-, la pequeña minería y minería artesanal genera 32.230 empleos directos.

Fuerza del sector
El experto minero Santiago Yépez considera que el ataque a la minería ilegal aporta a que se consolide la minería industrial formal, como un eje importante del desarrollo económico del país.

En un contexto en el que, en 2018, cerca de 700 millones de dólares de inversión extranjera (53% del total) se dirigieron exclusivamente al sector minero, Yépez dice que será importante analizar cómo se siguen ejecutando los controles a “una actividad ilícita que no va a terminar con Buenos Aires, sino que va a ser permanente y se puede dispersar a otras zonas”.

Yépez menciona que la explotación ilegal afecta al medio ambiente y excluye al Estado de la participación económica que le corresponde. Para 2021 se ha proyectado que con los dos grandes proyectos Mirador y Fruta del Norte, el aporte económico del sector pase del 1,6% al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y que las exportaciones sean de aproximadamente 3.660 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Energía.

Oportunidad de legalización
Aunque en Ecuador se ha catalogado a la minería ilegal como un fenómeno nuevo, en Chile, la situación más allá de ser conocida ha sido controlada y casi erradicada. Lo comenta Ignacio Moreno, quien se ha desempeñado en el sector en ese país del sur por más de 20 años. El experto conoció a profundidad las políticas que se han implementado a través de la Empresa Nacional de Minería (Enami), pues fue viceministro de Minería, en 2014.

Explica que en Chile, 1.500 faenas mineras trabajan de manera formal, pagan impuestos y cumplen con las leyes de trabajo. Cada una emplea entre 5 y 7 personas, por lo que más de 8 mil personas tienen un empleo directo. Moreno sigue siendo uno de los actores del sector en su país y comenta que para legalizarse los pequeños mineros solo tienen que cumplir con tres condiciones: tener un título de propiedad o un documento de arriendo del terreno de explotación, presentar un proyecto de extracción aprobado por el Servicio de Minería y cumplir con las obligaciones tributarias y la Ley Laboral.

“El problema de fondo es que el pequeño minero no tiene recursos para instalar una planta de tratamiento”, menciona el experto y destaca que el modelo que implementó Chile, quizá único en el mundo, consistió en generar un mercado local que compra los materiales directamente a través del Enami, a un precio justo que, al final les conviene más a los extractores. Para él, los proyectos de minería a gran escala y a pequeña escala son totalmente compatibles. (PCV)

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